sábado, 3 de diciembre de 2011

BOLETIN DE PRENSA "MEXICO EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL" (2 DICIEMBRE 2011)


BOLETÍN DE PRENSA 
2 de diciembre, 2011 

MÉXICO EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

  • El pasado 25 de Noviembre se presentó al Fiscal de la Corte Penal Internacional un expediente que consta de 700 fojas y documenta 470 violaciones al derecho internacional humanitario en México. 
  • El expediente presentado por el abogado Netzaí Sandoval fue respaldado por más de 23,000 firmas (ahora suman 27,000) de ciudadanos mexicanos. 
  • El expediente proporciona información sobre la comisión de "crímenes de lesa humanidad" y "crímenes de guerra" en México. 
  • El documento no solamente señala a Felipe Calderón y a Joaquín "El Chapo" Guzmán como posibles responsables de estos crímenes, sino también a todos los integrantes del gabinete de seguridad al nivel federal y todos los cárteles de la droga que operan en México. 
  • Los firmantes de la petición ante la CPI rechazan categóricamente que hayan cometido violación alguna a la ley y exigen al Presidente de la República que retire formalmente su pronunciamiento que sugiere que procederá legalmente en su contra. 

I. La solicitud ante la Corte Penal Internacional

Luego de más de ocho meses de trabajo, un grupo de veintitrés mil ciudadanos solicitamos, el 25 de noviembre, al Fiscal de la Corte Penal internacional (CPI), que pudiera analizar la situación de violencia en México e iniciar una investigación en la que se pueda determinar si se cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra así como la posible responsabilidad del Jefe del Ejecutivo, de los Secretarios de Defensa, Marina y Seguridad Pública además de líderes de grupos de la delincuencia organizada. 

Los Crímenes de guerra en un conflicto armado -artículo 8, párrafo 2, inciso c, del Estatuto de Roma- consisten en actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades como el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ataques contra la población civil; ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios; ataques contra edificios en que se agrupa a enfermos y heridos; actos de violación y esclavitud sexual; reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o su utilización para participar activamente en hostilidades; y en el sometimiento de las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas, entre otros. 

Los Crímenes de lesa humanidad - descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma- implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros. En México este tipo de crímenes se cometen cotidianamente, especialmente en contra de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Lo más preocupante es que la CNDH documentó desde 2009 que el Instituto Nacional de Migración participa de estas ominosas prácticas por ejemplo a través de la comercialización de personas indocumentadas. 

La petición que presentamos el 25 de noviembre no implica enjuiciar a Calderón simplemente por su errada estrategia antinarcóticos, o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas. Ésos juicios pueden y deben realizarse todavía en nuestro país. Lo que solicitamos al fiscal de la CPI es una investigación por las desapariciones forzadas, por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, por la mutilación de enemigos como forma de intimidación, por los ataques a la población civil, por el desplazamiento forzado de personas, por la violación sexual de mujeres y niñas, por los actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, por los ataques a centros de rehabilitación de enfermos, así como por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración.

El Jefe del Ejecutivo Federal, sus mandos civiles y militares así como los capos de la droga serían responsables de estos crímenes. Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente, ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana.


Desde el 25 de mayo de 2011 se solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana, ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, en relación con la guerra al narcotráfico iniciada por Felipe Calderón –antes de que esta facultad fuera transferida a la CNDH-. A la fecha, la SCJN no ha tomado ninguna determinación al respecto demostrando que no está dispuesta a deslindar responsabilidades en la crisis que vivimos. 

Adicionalmente, México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio de estos delitos debido a que en nuestra legislación penal no se han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Esto implica que en nuestro país es imposible juzgar a cualquier persona por las conductas especialmente graves que hemos señalado, porque no existe el tipo penal para sancionarlos. Así mismo, la falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del Ejecutivo Federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria. 

Ante la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias nacionales, el 25 de noviembre de 2011 se presentó ante Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, la solicitud formal para que inicie una investigación sobre la situación en México, con fundamento en el artículo 15 del Estatuto de Roma. 

Hasta hoy, los voceros y comunicados oficiales del Gobierno Federal no han podido desmentir una sola de las afirmaciones de quienes acudimos a la CPI. No han podido negar que en México se violan derechos humanos, que el ejército tortura, comete desaparición forzada, viola sexualmente a mujeres y niñas, asesina civiles, que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) participan en el secuestro de migrantes o que en el 95% de los homicidios de la narcoguerra el Gobierno decidió no abrir investigaciones porque es más sencillo declarar que “se matan entre ellos”. 

Tampoco han podido rebatir que el narcotráfico recluta niños para convertirlos en sicarios, que comete asesinatos y ataca hospitales y centros de rehabilitación de enfermos, que agrede a la población civil, que realiza decapitaciones masivamente y que se vale del INM para agredir a migrantes.


II. El amago del Presidente de la República 

Después de ser presentada esta solicitud, el 27 de noviembre la Presidencia de la República difundió un documento en el que acusa a quienes hemos promovido la acción ante la CPI de hacer “imputaciones falsas y calumniosas” en contra del Gobierno de la República. La parte final de esta comunicación dice lo siguiente. 

“Las imputaciones […] constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no solamente a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente con contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.” 

Frente a esta amenaza del Gobierno de la República quienes hemos promovido y presentado esta solicitud ante la CPI hacemos público lo siguiente:... (continúa)

TEXTO COMPLETO DEL BOLETÍN DE PRENSA DEL 2 DE DICIEMBRE DISPONIBLE AQUÍ:

sábado, 26 de noviembre de 2011

Presentation of petition to the International Criminal Court (ICC) on the commision of crimes against humanity and war crimes in Mexico


Friday, November 25th
The Hague, Netherlands

On Friday, November 25th at 3 pm (in The Netherlands) the team of human rights lawyers led by Netzaí Sandoval presented its case in The Hague concerning the commission of crimes against humanity and war crimes in Mexico.  The file presented includes detailed information about at least 470 specific cases of violations of International Humanitarian Law by different federal security forces in Mexico, including cases of torture, extrajudicial killings, forced disappearances, kidnappings and enslavement of migrants who are then sold to drug cartels.  The file consists of more than 700 pages of documents, in addition to the annexes which include numerous media reports and other supporting material.
Over the past five years, in Mexico there have been over 50,000 violent deaths (including at least 1,300 youth and children), 230,000 displaced people and at least 10,000 "disappeared" persons. This violence is not a normal outcome of the global economic downturn or of disputes between rival drug gangs, but indicates the existence of a humanitarian crisis. Indeed, the scale of the crisis is much larger than those in Congo, Sudan, Kenya or the Ivory Cost, all of which are presently under investigation by the ICC.
The petition is directed against the Mexican president and other top officials, as well as the leaders of Mexico's most important drug cartels, for refusing to follow the basic protocols that should rule armed conflicts and conducting a "systematic attack on the civilian population". 

The online version of the petition now has the support of almost 20,000 signatures (available here: http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html), as well as another 5,000 on paper. This petition is presented in accordance with article 15 of the Rome Statute which indicates that the prosecutor of the ICC may initiate investigations "proprio motu [on his own initiative] on the basis of information on crimes within the jurisdiction of the court".

The petition is publicly supported by the following leading lawyers, academics, activists and artists:
John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM) Miguel Badillo (Director de la Revista "Contralinea") Rafael Barajas ("El Fisgón", La Jornada) Virgilio Caballero (Periodista) Edgar Cortés (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia) Claudia Cruz Santiago (Directora General del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia) Rocío Culebro (Directora, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia) Carlos Fazio (periodista-la Jornada) Manuel Fuentes Muñiz (Presidente, Asoc. Nac. de Abogados Democráticos ANAD) Patricia Galeana (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM) José Francisco Gallardo Rodríguez (General Brigadier y Doctor en Administración Pública) Olga Harmony  (Decana de la crítica teatral) Antonio Helguera (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada) Julio Hernández López (Astillero) José Hernández (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada) Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación) David Manrique (Caricaturista,  Contralínea) Jesús Robles Maloof (Defensor de los Derechos Humanos) Sanjuana Martínez (Periodista) Profesor Davir Martínez-Amador M.A. (Universidad Jesuita de Guatemala, experto en narcotráfico) José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez") Pedro Miguel (Periodista, La Jornada) Loretta Ortiz Ahlf (Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana) Victor Quintana (Defensor de derechos humanos, Chihuahua) Octavio Rodríguez Araujo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM) Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM) Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor) Lauro Sol (Abogado, ex-presidente de la Asoc. Nac. de Abogados Democráticos ANAD) Tiaré Scanda (Actriz, estríctamente a título personal) Lorenzo Vignal (Embajador) William Weaver (Universidad de Texas, El Paso)


For additional information, please see: www.juicioacalderon.blogspot.com

Contact:

Netzaí Sandoval
E-mail: netzai@gmail.com
Twitter: @Netzai_Sandoval

jueves, 17 de noviembre de 2011

Artículos sobre el juicio a Calderón en la prensa internacional

Compartimos algunos artículos en inglés que han aparecido recientemente sobre el juicio a Calderón



Pueden encontrar varios más en la barra lateral de nuestro Blog bajo el rubro "Información sobre el Juicio a Calderón".

Muchas personas más se han sumado a la petición que presentaremos ante el fiscal de la CPI como el General Gallardo y la periodista Sanjuana Martínez. Recuerden que quedan solamente 3 días más para continuar firmando la petición en Internet. 

martes, 11 de octubre de 2011

Se denunciará a Felipe Calderón y a narcotraficantes ante la Corte Penal Internacional en la Haya

México, D.F., Martes, 11 de octubre de 2011

BOLETIN DE PRENSA


  • La errada estrategia militar contra el narcotráfico y la sociedad ha devastado al país entero. 
  • En México se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad.
  • La crisis humanitaria que tiene a México al borde del colapso ha cobrado la vida de 50 mil personas, con 10 mil desparecidos y 230 mil desplazados.
  • Se presentará ante la Corte Penal Internacional la denuncia cívica más grande de la historia.
  • Es urgente utilizar todas las vías pacíficas y legales a nuestro alcance para detener el derramamiento de sangre. 


La Corte Penal Internacional es un tribunal que juzga la responsabilidad de individuos en la comisión de los crímenes más graves en contra de la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Este tribunal internacional comenzó a funcionar en el año 2002.  México ratificó el Tratado Internacional que la creó en el año 2005 e incorporó su reconocimiento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestro país vive un conflicto armado permanente en cuyo contexto se han cometido tanto crímenes de guerra, como de lesa humanidad.

Los Crímenes de guerra en un conflicto armado -artículo 8, párrafo 2, inciso c, del Estatuto de Roma- consisten en actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades como el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ataques contra la población civil; ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios; ataques contra edificios en que se agrupa a enfermos y heridos; actos de violación y esclavitud sexual; reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o su utilización para participar activamente en hostilidades; y en el sometimiento de las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas, entre otros. En México se han cometido tales actos de forma masiva. Por ejemplo, la mutilación de enemigos –decapitaciones- es ya una práctica absolutamente cotidiana, que lamentablemente comienza a ser empleada incluso por las fuerzas armadas mexicanas (la ejecución de Arturo Beltrán Leyva y su mutilación con evidentes fines intimidatorios estuvo claramente documentada por la gran mayoría de los medios de comunicación destacadamente el periódico español “El País” 18-12-2009).

Como ha sido documentado por los diversos informes sobre derechos humanos elaborados por organismos internacionales como Amnistía Internacional, el Ejército Mexicano también ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos.  Además de forma muy preocupante, se ha intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los responsables. Recordemos al respecto el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010, señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 45/2010.

Existen numerosos casos ya documentados. Por ejemplo, de acuerdo con la recomendación 38/2007de la CNDH, los días 2 y 3 de mayo de 2007 en Nocupétaro, Michoacán, soldados violaron y abusaron de cuatro menores de edad; además, atacaron generalizadamente a la población civil –detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos– mientras buscaban narcotraficantes (recomendación 38/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). La decisión de no sancionar a los responsables fue evidentemente parte de una política de Estado.

En general, las fuerzas armadas han dejado impune la violación sexual de mujeres indígenas cometida por soldados durante sus operativos, con lo que se ha fomentado el empleo de tan deleznable práctica (caso Fernández Ortega y otros vs. México, así como el caso Rosendo Cantú y otra vs. México –Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Por su parte los cárteles de la droga también practican terribles crímenes contra la población civil. Reclutan niños menores de 15 años de edad para convertirlos en sicarios. Se estima que entre 30 y 43 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales. Además, los ataques a los centros de rehabilitación de enfermos y adictos a las drogas se han generalizado. Los arteros ataques del 26 de junio en Durango, el 5 de diciembre y 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua –todos en 2010– son sólo tres ejemplos.

Los Crímenes de lesa humanidad - descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma- implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros. En México este tipo de crímenes se cometen cotidianamente, especialmente en contra de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Lo más preocupante es que la CNDH documentó desde 2009 que el Instituto Nacional de Migración participa de estas ominosas prácticas por ejemplo a través de la comercialización de personas indocumentadas. 

La petición que hoy presentamos no implica enjuiciar a Calderón simplemente por su errada estrategia antinarcóticos, o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas. Ésos juicios pueden y deben realizarse todavía en nuestro país. Lo que solicitamos al fiscal de la CPI es una investigación por las desapariciones forzadas, por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, por la mutilación de enemigos como forma de intimidación, por los ataques a la población civil, por el desplazamiento forzado de personas, por la violación sexual de mujeres y niñas, por los actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, por los ataques a centros de rehabilitación de enfermos, así como por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración.

El Jefe del Ejecutivo Federal, sus mandos civiles y militares así como los capos de la droga son responsables de estos crímenes.  Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente, ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana.

Desde el 25 de mayo de 2011 se solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana, ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, en relación con la guerra al narcotráfico iniciada por Felipe Calderón –antes de que esta facultad fuera transferida a la CNDH-. A la fecha, la SCJN no ha tomado ninguna determinación al respecto demostrando que no está dispuesta a deslindar responsabilidades en la crisis que vivimos.

Adicionalmente México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes, debido a que en nuestra legislación penal no se han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Esto implica que en nuestro país es imposible juzgar a cualquier persona por las conductas especialmente graves que hemos señalado, porque no existe el tipo penal para sancionarlos.  Así mismo, la falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del Ejecutivo Federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.

Ante la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias nacionales, el 25 de noviembre de 2011 se presentará ante Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, la solicitud formal para que inicie una investigación sobre la situación en México, con fundamento en el artículo 15 del Estatuto de Roma.

La petición ha sido firmada por 20 mil mexicanos –tanto de forma autógrafa, como a través de Internet- con lo que será la denuncia civil más grande que haya recibido la Corte Penal Internacional en su historia.

Dicha petición sigue abierta para su firma por todos los interesados en el sitio http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html mismo que garantiza la identidad de las personas y la no duplicidad de las firmas que respaldan esta petición.

El plazo para seguir firmando esta iniciativa cerrará el 20 de noviembre de este año.

Una vez presentada esta solicitud, convocaremos a las víctimas a que acudan directamente al fiscal de la CPI para que presenten sus testimonios y puedan, llegado el caso, impugnar las determinaciones que dicho tribunal internacional  adopte si consideran que no se ha obtenido verdadera justicia.

PERSONALIDADES QUE SE ADHIEREN A LA DENUNCIA:

  • Netzaí Sandoval Ballesteros (Abogado redactor de la denuncia ante la CPI y experto en Derecho Penal Internacional)
  • John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM)
  • Miguel Badillo (Director de la Revista "Contralinea")
  • Rafael Barajas ("El Fisgón", La Jornada)
  • Virgilio Caballero (Periodista)
  • Edgar Cortés (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia)
  • Claudia Cruz Santiago (Directora General del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia)
  • Rocío Culebro (Directora, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia)
  • Manuel Fuentes Muñiz (Presidente, Asoc. Nac. de Abogados Democráticos ANAD)
  • Patricia Galeana (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM)
  • José Francisco Gallardo Rodríguez (General Brigadier y Doctor en Administración Pública)
  • Olga Harmony  (Decana de la crítica teatral)
  • Antonio Helguera (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada)
  • Julio Hernández López (Astillero)
  • José Hernández (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada)
  • Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación)
  • David Manrique (Caricaturista,  Contralínea)
  • Jesús Robles Maloof (Defensor de los Derechos Humanos)
  • Sanjuana Martínez (Periodista)
  • Profesor Davir Martínez-Amador M.A. (Universidad Jesuita de Guatemala, experto en narcotráfico)
  • José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez")
  • Pedro Miguel (Periodista, La Jornada)
  • Loretta Ortiz Ahlf (Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana)
  • Victor Quintana (Defensor de derechos humanos, Chihuahua)
  • Octavio Rodríguez Araujo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM)
  • Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM)
  • Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor)
  • Lauro Sol (Abogado, ex-presidente de la Asoc. Nac. de Abogados Democráticos ANAD)
  • Tiaré Scanda (Actriz, estríctamente a título personal)
  • Lorenzo Vignal (Embajador)
  • William Weaver (Universidad de Texas, El Paso)
Más información a través de:

Blog

Twitter
@elnetza

Correo electrónico
netzai_san@hotmail.com

domingo, 9 de octubre de 2011

Denuncia en Contra de Felipe Calderón y otros, ante la Corte Penal Internacional

CONFERENCIA DE PRENSA





Martes 11 de octubre 10 am Club de Periodistas
(Filomeno Mata #8 Centro Histórico)

  • El país atraviesa por una crisis humanitaria de enormes proporciones 
  • La errada estrategia militar contra el narcotráfico y la sociedad ha devastado al país entero 
  • Es urgente utilizar todas las vías pacíficas y legales a nuestro alcance para detener el derramamiento de sangre 


El martes 11 de octubre, a las 10 a.m. un grupo de abogados, periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil expondremos las razones que serán presentadas en la Haya frente a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar a Felipe Calderón, a sus altos mandos militares y civiles, así como a los narcotraficantes que atacan a nuestra sociedad, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos,  230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y 1,300 jóvenes y niños asesinados.  Existe también una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado.


Esta situación se debe por igual a la acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12% de los delitos son denunciados y el 8% investigados. La falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del ejecutivo federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.

Frente a la imposibilidad de buscar justicia a nivel nacional, en fechas próximas presentaremos ante el Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, la solicitud formal para que se inicie una investigación sobre la situación prevaleciente en México.  Nuestra petición está respaldada por más de 20 mil firmas--autógrafas  y electrónicas-- de ciudadanos mexicanos,  lo que la convierte en la denuncia civil más grande que haya recibido la CPI en su historia.

La petición continúa abierta para recibir nuevas firmas adherentes en http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html El sitio garantiza la identidad de las personas y la no duplicidad de las firmas que respaldan nuestra petición.

Diversas personalidades se han adherido ya a esta petición y en la conferencia de prensa nos acompañarán entre otros:


  • Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación)
  • John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM)
  • Manuel Fuentes Muñiz (Presidente, Asoc. Nac. de Abogados Democráticos (ANAD)
  • José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez")
  • Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor)
  • Loretta Ortiz Ahlf (Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana)
  • Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM)
  • Miguel Badillo (Director de la Revista "Contralinea")
  • Rafael Barajas ("El Fisgón", La Jornada)
  • Sergio Méndez Silva (Abogado Defensor de los Derechos Humanos)
  • David Manrique (Caricaturista)
  • Netzaí Sandoval Ballesteros (Abogado redactor de la denuncia ante la CPI y experto en Derecho Penal Internacional)
Otros firmantes y convocantes:
  • Virgilio Caballero (Periodista)
  • Julio Hernández López (Astillero, La Jornada)
  • Octavio Rodríguez Araujo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM)
  • Victor Quintana (Defensor de derechos humanos, Chihuahua)
Para mayores informes y nuevas adhesiones:
Lic. Netzaí Sandoval Ballesteros (04455) 3897-9971, netzai@gmail.com, Twitter: @ElNetza

sábado, 8 de octubre de 2011

Falacias de un criminal

Netzaí Sandoval Ballesteros*

Felipe Calderón ha quintuplicado la violencia y la muerte en México. Los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado pasaron de menos de 3 mil en 2007 a más de 15 mil en 2010. Frente a ello, el Ejecutivo continúa negándose a instrumentar un plan para el regreso del Ejército a los cuarteles a pesar de que existen propuestas serias y contundentes en este sentido, como la presentada por la Universidad Nacional Autónoma de México el pasado 8 de agosto.
Calderón reiteró en su encuentro con el escritor Javier Sicilia su explicación sobre el aumento de las ejecuciones: sostiene que las organizaciones criminales dejaron de ver nuestro país como un espacio para el tránsito de drogas y comenzaron a disputarse los mercados locales.
Los datos lo desmienten. El Distrito Federal es la tercera entidad con mayor número de adictos a las drogas y la primera en el número de personas que consumen drogas ilegales sin llegar a la adicción (Encuesta nacional de adicciones 2008). Sin embargo, la capital del país ocupa el lugar decimotercero entre las entidades con más fallecimientos relacionados con el narcotráfico, de acuerdo con la base de datos de fallecimientos del gobierno federal (actualizada a diciembre 2010). El argumento también es insostenible a nivel internacional. El país con el principal mercado de consumidores de droga en el mundo no es el más violento. Estados Unidos asume una política de tolerancia hacia el consumo de drogas, considera la marihuana como medicina y no vive una guerra interna.
Es claro que la violencia no proviene de un crecimiento del consumo o de la lucha por los mercados locales sino del sesgado intento de Calderón por combatir solamente a algunos cárteles de la droga, en beneficio del cártel de Sinaloa. A partir de la segunda mitad del sexenio de Vicente Fox y durante el gobierno de Calderón, sólo 2 por ciento de los detenidos en relación con la narcoguerra pertenecían a éste (“Organised crime in Mexico: outsmarted by Sinaloa”, The Economist, enero de 2010).
Manuel Clouthier, panista de cepa, señala que “el narco no ha sido tocado en Sinaloa”. Y tiene toda la razón. Las acusaciones en contra de servidores públicos por recibir sobornos de algún cártel son ilustradoras. Por pagos provenientes del cártel de Sinaloa sólo suman 19. En contraste, las acusaciones en contra de los Beltrán Leyva duplican las del de Sinaloa; para el cártel de Tijuana, resultan ser el triple; y por los sobornos provenientes del cártel del Golfo y de los Zetas, hay 13 veces más acusaciones (“Mexico seems to favor Sinaloa cartel in drug war”, mayo de 2010, National Public Radio).
Lo que padecemos es en realidad una guerra capitalista por el monopolio del narcotráfico. A largo plazo, el Chapo será una figura prescindible, tal como sucedió con Osama bin Laden. Joaquín Guzmán Loera será traicionado por los gobiernos mexicano y estadunidense, probablemente cuando decidan legalizar las drogas y tomar el control directo del gran negocio monopólico. Pero por ahora es necesario para eliminar la competencia.
Se descalifica a quienes criticamos la estrategia del gobierno al argumentar que no ofrecemos alternativas. ¿Por qué no escuchan cuando insistimos en dotar de autonomía plena a la Procuraduría General de la República?
Urge instituir protocolos de actuación para los cuerpos policiacos, como lo indica la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Atenco. Debemos ampliar la matrícula en la educación superior de forma inminente. Otra propuesta es combatir realmente el lavado de dinero. Y finalmente, exigir que las autoridades cómplices de los criminales sean juzgadas. Por ello hemos impulsado el juicio penal contra de Felipe Calderón y sus mandos militares ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La competencia de la CPI se actualiza, entre otras cosas, porque México carece de un tipo penal que prevenga posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad. La eventual aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional, que legaliza la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, también ratifica la existencia de una política de Estado violatoria de derechos humanos.
La violación y el ultraje de mujeres se han convertido en una estrategia represiva cotidiana por parte del Ejército que es encubierta y fomentada por Calderón. Ello también actualiza la competencia de la CPI.
Los días 2 y 3 de mayo de 2007 en Nocupétaro, Michoacán, soldados violaron y abusaron de cuatro menores de edad; además, atacaron generalizadamente a la población civil –detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos– mientras buscaban narcotraficantes (recomendación 38/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). La decisión de no sancionar a los responsables es evidentemente parte de una política de Estado.
Si quedara alguna duda de la responsabilidad directa de Calderón, hay que recordar que en mayo de 2007 firmó y publicó un decreto para crear el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal bajo el mando directo del Ejecutivo. No obstante, en 2007 sus propias cifras reconocieron 2 mil 826 homicidios ligados a la narcoguerra. Las órdenes directas que giró a ese Cuerpo Especial llevaron a la muerte a muchas de esas personas.
Las decisiones del Ejecutivo Federal arrastran al país a un conflicto armado permanente. Cada día la vida de nuestra sociedad se encuentra más lacerada. Sabemos que Calderón es responsable de la muerte de cerca de 50 mil personas y la desaparición forzada de más de 3 mil (Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 2011). Llevémoslo a él y a los capos que protege ante la CPI para que sean juzgados por sus crímenes.

*Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia

Juicio internacional a Calderón

Netzaí Sandoval Ballesteros

Los más de 40 mil seres humanos que han muerto en los últimos cuatro años nos colocan frente a una crisis humanitaria sin paragón. Ni la guerra de Estados Unidos contra Afganistán, ni la emprendida en contra de Pakistán han generado tal cantidad de muertos (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg, Alemania). La violencia en México también ha dejado más desplazados que cualquier otro conflicto armado reciente, alrededor de 120 mil personas de acuerdo con el Internal Displacement Monitoring Center. La vulnerabilidad de los más jóvenes es particularmente grave: mil 226 de las muertes ocurridas entre 2006 y 2010 corresponden a niños y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México). En estrictos términos legales y de acuerdo con los criterios internacionales en la materia, esta situación se clasifica como un conflicto armado de índole no internacional.
El responsable directo de esta grave situación es Felipe Calderón. Fue él quien declaró una guerra en el país y decidió utilizar al Ejército y la Marina para atacar selectivamente los cárteles de la droga. Fue el Ejecutivo quien de forma obstinada prosiguió con esta estrategia bélica a pesar de que diversos órganos de la ONU le han solicitado suspender la utilización de los militares en tareas policiacas, recientemente el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, en marzo de 2011.
Como han documentado diversos informes sobre derechos humanos elaborados por organismos como Amnistía Internacional, el Ejército Mexicano ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos. Además, ha intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los responsables. Recordemos al respecto el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010, señalado por la CNDH en su recomendación 45/2010.
Las fuerzas armadas también han dejado impune la violación sexual de mujeres indígenas cometida por soldados durante sus operativos, con lo que ha fomentado el empleo de tan deleznable práctica (caso Fernández Ortega y otros vs. México, así como el caso Rosendo Cantú y otra vs. México –Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Por su parte los cárteles de la droga también practican terribles crímenes contra la población civil. Reclutan niños menores de 15 años de edad para convertirlos en sicarios. Se estima que entre 30 y 43 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales. Además, los ataques a los centros de rehabilitación de enfermos y adictos a las drogas se han generalizado. Los arteros ataques del 26 de junio en Durango, el 5 de diciembre y 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua –todos en 2010– son sólo tres ejemplos.
Los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al Ejecutivo Federal (artículo 108 onstitucional). A ello se añade la falta de autonomía de la PGR, lo que se traduce en impunidad a los funcionarios civiles y militares responsables de esta crisis.
Tampoco es viable someter a la justicia nacional a los soldados responsables de violaciones, torturas, desapariciones y asesinatos debido al inaceptable alcance del fuero militar, que permite que estos hechos sean juzgados por tribunales militares (artículo 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado contundentemente que la jurisdicción penal militar no es competente para investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos (caso Radilla Pacheco vs. México), pero Calderón se ha opuesto a cumplir con las sentencias que ordenan modificar el marco jurídico para adaptarlo a los estándares internacionales.
Ante la imposibilidad de juzgar a los violadores de los derechos humanos en nuestro propio país es urgente que hoy, bajo el principio de complementariedad, acudamos a la Corte Penal Internacional (CPI). Ello parece difícil dado que la Constitución señala que es el Ejecutivo (con aprobación del Senado) quien reconoce la competencia de la CPI. Sin embargo ninguna norma de derecho interno puede invocarse para incumplir obligaciones contraídas en el ámbito internacional (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, artículo 27) por lo que cuando Calderón y sus mandos militares las invoquen, sus argumentos serán rechazados por la CPI.
Para robustecer esta denuncia hace falta que participen la población y los defensores de derechos humanos del país. Por ejemplo, habría que incluir en el expediente de denuncia las declaraciones de los familiares de quienes han sido asesinados en operativos militares. Además, la mayor cantidad posible de ciudadanos mexicanos debemos firmar la petición que exige ante la CPI, detener el derramamiento de sangre. Contamos ya con miles de firmas recabadas en la marcha del 8 de mayo pero todavía es tiempo de que nuevas firmas respalden la denuncia.
Calderón ordenó el empleo de estrategias anticonstitucionales y violatorias del derecho internacional para combatir al narcotráfico y ello ha llevado a la sistemática violación de los derechos humanos en nuestro país. Bajo el artículo 8 párrafo 2, inciso c, numerales I y IV, así como el inciso e, numerales I, IV y VII del Estatuto de Roma, debe ser juzgado por crímenes de guerra en la CPI.


http://www.jornada.unam.mx/2011/05/14/opinion/018a2pol