CARTA ABIERTA A FELIPE CALDERON HINOJOSA (Periódico Reforma, 16 de diciembre de 2011, P. 14)

INADMISIBLES LAS AMENAZAS A DENUNCIANTES ANTE LA CPI (La Jornada, 16 de diciembre de 2011, P.25)

BOLETIN DE PRENSA "MEXICO EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL" (2 DICIEMBRE 2011)

BOLETÍN DE PRENSA 

2 de diciembre, 2011 

MÉXICO EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

• El pasado 25 de Noviembre se presentó al Fiscal de la Corte Penal Internacional un expediente que consta de 700 fojas y documenta 470 violaciones al derecho internacional humanitario en México. 
• El expediente presentado por el abogado Netzaí Sandoval fue respaldado por más de 23,000 firmas (ahora suman 27,000) de ciudadanos mexicanos. 
• El expediente proporciona información sobre la comisión de "crímenes de lesa humanidad" y "crímenes de guerra" en México. 
• El documento no solamente señala a Felipe Calderón y a Joaquín "El Chapo" Guzmán como posibles responsables de estos crímenes, sino también a todos los integrantes del gabinete de seguridad al nivel federal y todos los cárteles de la droga que operan en México. 
• Los firmantes de la petición ante la CPI rechazan categóricamente que hayan cometido violación alguna a la ley y exigen al Presidente de la República que retire formalmente su pronunciamiento que sugiere que procederá legalmente en su contra. 

I. La solicitud ante la Corte Penal Internacional

Luego de más de ocho meses de trabajo, un grupo de veintitrés mil ciudadanos solicitamos, el 25 de noviembre, al Fiscal de la Corte Penal internacional (CPI), que pudiera analizar la situación de violencia en México e iniciar una investigación en la que se pueda determinar si se cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra así como la posible responsabilidad del Jefe del Ejecutivo, de los Secretarios de Defensa, Marina y Seguridad Pública además de líderes de grupos de la delincuencia organizada. 

Los Crímenes de guerra en un conflicto armado -artículo 8, párrafo 2, inciso c, del Estatuto de Roma- consisten en actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades como el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ataques contra la población civil; ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios; ataques contra edificios en que se agrupa a enfermos y heridos; actos de violación y esclavitud sexual; reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o su utilización para participar activamente en hostilidades; y en el sometimiento de las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas, entre otros. 

Los Crímenes de lesa humanidad - descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma- implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros. En México este tipo de crímenes se cometen cotidianamente, especialmente en contra de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Lo más preocupante es que la CNDH documentó desde 2009 que el Instituto Nacional de Migración participa de estas ominosas prácticas por ejemplo a través de la comercialización de personas indocumentadas. 

La petición que presentamos el 25 de noviembre no implica enjuiciar a Calderón simplemente por su errada estrategia antinarcóticos, o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas. Ésos juicios pueden y deben realizarse todavía en nuestro país. Lo que solicitamos al fiscal de la CPI es una investigación por las desapariciones forzadas, por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, por la mutilación de enemigos como forma de intimidación, por los ataques a la población civil, por el desplazamiento forzado de personas, por la violación sexual de mujeres y niñas, por los actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, por los ataques a centros de rehabilitación de enfermos, así como por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración.

El Jefe del Ejecutivo Federal, sus mandos civiles y militares así como los capos de la droga serían responsables de estos crímenes. Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente, ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana.

Desde el 25 de mayo de 2011 se solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana, ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, en relación con la guerra al narcotráfico iniciada por Felipe Calderón –antes de que esta facultad fuera transferida a la CNDH-. A la fecha, la SCJN no ha tomado ninguna determinación al respecto demostrando que no está dispuesta a deslindar responsabilidades en la crisis que vivimos. 

Adicionalmente, México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio de estos delitos debido a que en nuestra legislación penal no se han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Esto implica que en nuestro país es imposible juzgar a cualquier persona por las conductas especialmente graves que hemos señalado, porque no existe el tipo penal para sancionarlos. Así mismo, la falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del Ejecutivo Federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria. 

Ante la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias nacionales, el 25 de noviembre de 2011 se presentó ante Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, la solicitud formal para que inicie una investigación sobre la situación en México, con fundamento en el artículo 15 del Estatuto de Roma. 

Hasta hoy, los voceros y comunicados oficiales del Gobierno Federal no han podido desmentir una sola de las afirmaciones de quienes acudimos a la CPI. No han podido negar que en México se violan derechos humanos, que el ejército tortura, comete desaparición forzada, viola sexualmente a mujeres y niñas, asesina civiles, que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) participan en el secuestro de migrantes o que en el 95% de los homicidios de la narcoguerra el Gobierno decidió no abrir investigaciones porque es más sencillo declarar que “se matan entre ellos”. 

Tampoco han podido rebatir que el narcotráfico recluta niños para convertirlos en sicarios, que comete asesinatos y ataca hospitales y centros de rehabilitación de enfermos, que agrede a la población civil, que realiza decapitaciones masivamente y que se vale del INM para agredir a migrantes.

II. El amago del Presidente de la República 

Después de ser presentada esta solicitud, el 27 de noviembre la Presidencia de la República difundió un documento en el que acusa a quienes hemos promovido la acción ante la CPI de hacer “imputaciones falsas y calumniosas” en contra del Gobierno de la República. La parte final de esta comunicación dice lo siguiente. 

“Las imputaciones […] constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no solamente a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente con contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.” 

Frente a esta amenaza del Gobierno de la República quienes hemos promovido y presentado esta solicitud ante la CPI hacemos público lo siguiente:... (continúa)

TEXTO COMPLETO DEL BOLETÍN DE PRENSA DEL 2 DE DICIEMBRE DISPONIBLE AQUÍ:

Presentation of petition to the International Criminal Court (ICC) on the commision of crimes against humanity and war crimes in Mexico

Friday, November 25th

The Hague, Netherlands

On Friday, November 25th at 3 pm (in The Netherlands) the team of human rights lawyers led by Netzaí Sandoval presented its case in The Hague concerning the commission of crimes against humanity and war crimes in Mexico.  The file presented includes detailed information about at least 470 specific cases of violations of International Humanitarian Law by different federal security forces in Mexico, including cases of torture, extrajudicial killings, forced disappearances, kidnappings and enslavement of migrants who are then sold to drug cartels.  The file consists of more than 700 pages of documents, in addition to the annexes which include numerous media reports and other supporting material.

Over the past five years, in Mexico there have been over 50,000 violent deaths (including at least 1,300 youth and children), 230,000 displaced people and at least 10,000 "disappeared" persons. This violence is not a normal outcome of the global economic downturn or of disputes between rival drug gangs, but indicates the existence of a humanitarian crisis. Indeed, the scale of the crisis is much larger than those in Congo, Sudan, Kenya or the Ivory Cost, all of which are presently under investigation by the ICC.

The petition is directed against the Mexican president and other top officials, as well as the leaders of Mexico's most important drug cartels, for refusing to follow the basic protocols that should rule armed conflicts and conducting a "systematic attack on the civilian population". 

The online version of the petition now has the support of almost 20,000 signatures (available here: http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html), as well as another 5,000 on paper. This petition is presented in accordance with article 15 of the Rome Statute which indicates that the prosecutor of the ICC may initiate investigations "proprio motu [on his own initiative] on the basis of information on crimes within the jurisdiction of the court".

The petition is publicly supported by the following leading lawyers, academics, activists and artists:

John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM) Miguel Badillo (Director de la Revista "Contralinea") Rafael Barajas ("El Fisgón", La Jornada) Virgilio Caballero (Periodista) Edgar Cortés (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia) Claudia Cruz Santiago (Directora General del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia) Rocío Culebro (Directora, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia) Carlos Fazio (periodista-la Jornada) Manuel Fuentes Muñiz (Presidente, Asoc. Nac. de Abogados Democráticos ANAD) Patricia Galeana (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM) José Francisco Gallardo Rodríguez (General Brigadier y Doctor en Administración Pública) Olga Harmony  (Decana de la crítica teatral) Antonio Helguera (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada) Julio Hernández López (Astillero) José Hernández (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada) Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación) David Manrique (Caricaturista,  Contralínea) Jesús Robles Maloof (Defensor de los Derechos Humanos) Sanjuana Martínez (Periodista) Profesor Davir Martínez-Amador M.A. (Universidad Jesuita de Guatemala, experto en narcotráfico) José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez") Pedro Miguel (Periodista, La Jornada) Loretta Ortiz Ahlf (Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana) Victor Quintana (Defensor de derechos humanos, Chihuahua) Octavio Rodríguez Araujo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM) Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM) Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor) Lauro Sol (Abogado, ex-presidente de la Asoc. Nac. de Abogados Democráticos ANAD) Tiaré Scanda (Actriz, estríctamente a título personal) Lorenzo Vignal (Embajador) William Weaver (Universidad de Texas, El Paso)

For additional information, please see: www.juicioacalderon.blogspot.com

Contact:

Netzaí Sandoval

E-mail: netzai@gmail.com

Twitter: @Netzai_Sandoval

Artículos sobre el juicio a Calderón en la prensa internacional

Compartimos algunos artículos en inglés que han aparecido recientemente sobre el juicio a Calderón

"El Presidente Mexicano podría enfrentar juicio en la CPI"

"La sociedad civil mexicana espera acusar al Presidente y a narcotraficantes ante la CPI"

Pueden encontrar varios más en la barra lateral de nuestro Blog bajo el rubro "Información sobre el Juicio a Calderón".

Muchas personas más se han sumado a la petición que presentaremos ante el fiscal de la CPI como el General Gallardo y la periodista Sanjuana Martínez. Recuerden que quedan solamente 3 días más para continuar firmando la petición en Internet. 

Se denunciará a Felipe Calderón y a narcotraficantes ante la Corte Penal Internacional en la Haya

México, D.F., Martes, 11 de octubre de 2011

BOLETIN DE PRENSA

• La errada estrategia militar contra el narcotráfico y la sociedad ha devastado al país entero. 
• En México se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad.
• La crisis humanitaria que tiene a México al borde del colapso ha cobrado la vida de 50 mil personas, con 10 mil desparecidos y 230 mil desplazados.
• Se presentará ante la Corte Penal Internacional la denuncia cívica más grande de la historia.
• Es urgente utilizar todas las vías pacíficas y legales a nuestro alcance para detener el derramamiento de sangre. 

La Corte Penal Internacional es un tribunal que juzga la responsabilidad de individuos en la comisión de los crímenes más graves en contra de la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Este tribunal internacional comenzó a funcionar en el año 2002.  México ratificó el Tratado Internacional que la creó en el año 2005 e incorporó su reconocimiento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestro país vive un conflicto armado permanente en cuyo contexto se han cometido tanto crímenes de guerra, como de lesa humanidad.

Los Crímenes de guerra en un conflicto armado -artículo 8, párrafo 2, inciso c, del Estatuto de Roma- consisten en actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades como el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ataques contra la población civil; ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios; ataques contra edificios en que se agrupa a enfermos y heridos; actos de violación y esclavitud sexual; reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o su utilización para participar activamente en hostilidades; y en el sometimiento de las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas, entre otros. En México se han cometido tales actos de forma masiva. Por ejemplo, la mutilación de enemigos –decapitaciones- es ya una práctica absolutamente cotidiana, que lamentablemente comienza a ser empleada incluso por las fuerzas armadas mexicanas (la ejecución de Arturo Beltrán Leyva y su mutilación con evidentes fines intimidatorios estuvo claramente documentada por la gran mayoría de los medios de comunicación destacadamente el periódico español “El País” 18-12-2009).

Como ha sido documentado por los diversos informes sobre derechos humanos elaborados por organismos internacionales como Amnistía Internacional, el Ejército Mexicano también ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos.  Además de forma muy preocupante, se ha intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los responsables. Recordemos al respecto el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010, señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 45/2010.

Existen numerosos casos ya documentados. Por ejemplo, de acuerdo con la recomendación 38/2007de la CNDH, los días 2 y 3 de mayo de 2007 en Nocupétaro, Michoacán, soldados violaron y abusaron de cuatro menores de edad; además, atacaron generalizadamente a la población civil –detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos– mientras buscaban narcotraficantes (recomendación 38/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). La decisión de no sancionar a los responsables fue evidentemente parte de una política de Estado.

En general, las fuerzas armadas han dejado impune la violación sexual de mujeres indígenas cometida por soldados durante sus operativos, con lo que se ha fomentado el empleo de tan deleznable práctica (caso Fernández Ortega y otros vs. México, así como el caso Rosendo Cantú y otra vs. México –Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Por su parte los cárteles de la droga también practican terribles crímenes contra la población civil. Reclutan niños menores de 15 años de edad para convertirlos en sicarios. Se estima que entre 30 y 43 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales. Además, los ataques a los centros de rehabilitación de enfermos y adictos a las drogas se han generalizado. Los arteros ataques del 26 de junio en Durango, el 5 de diciembre y 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua –todos en 2010– son sólo tres ejemplos.

Los Crímenes de lesa humanidad - descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma- implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros. En México este tipo de crímenes se cometen cotidianamente, especialmente en contra de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Lo más preocupante es que la CNDH documentó desde 2009 que el Instituto Nacional de Migración participa de estas ominosas prácticas por ejemplo a través de la comercialización de personas indocumentadas. 

La petición que hoy presentamos no implica enjuiciar a Calderón simplemente por su errada estrategia antinarcóticos, o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas. Ésos juicios pueden y deben realizarse todavía en nuestro país. Lo que solicitamos al fiscal de la CPI es una investigación por las desapariciones forzadas, por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, por la mutilación de enemigos como forma de intimidación, por los ataques a la población civil, por el desplazamiento forzado de personas, por la violación sexual de mujeres y niñas, por los actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, por los ataques a centros de rehabilitación de enfermos, así como por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración.

El Jefe del Ejecutivo Federal, sus mandos civiles y militares así como los capos de la droga son responsables de estos crímenes.  Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente, ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana.

Desde el 25 de mayo de 2011 se solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana, ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, en relación con la guerra al narcotráfico iniciada por Felipe Calderón –antes de que esta facultad fuera transferida a la CNDH-. A la fecha, la SCJN no ha tomado ninguna determinación al respecto demostrando que no está dispuesta a deslindar responsabilidades en la crisis que vivimos.

Adicionalmente México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes, debido a que en nuestra legislación penal no se han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Esto implica que en nuestro país es imposible juzgar a cualquier persona por las conductas especialmente graves que hemos señalado, porque no existe el tipo penal para sancionarlos.  Así mismo, la falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del Ejecutivo Federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.

Ante la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias nacionales, el 25 de noviembre de 2011 se presentará ante Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, la solicitud formal para que inicie una investigación sobre la situación en México, con fundamento en el artículo 15 del Estatuto de Roma.

La petición ha sido firmada por 20 mil mexicanos –tanto de forma autógrafa, como a través de Internet- con lo que será la denuncia civil más grande que haya recibido la Corte Penal Internacional en su historia.

Dicha petición sigue abierta para su firma por todos los interesados en el sitio http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html mismo que garantiza la identidad de las personas y la no duplicidad de las firmas que respaldan esta petición.

El plazo para seguir firmando esta iniciativa cerrará el 20 de noviembre de este año.

Una vez presentada esta solicitud, convocaremos a las víctimas a que acudan directamente al fiscal de la CPI para que presenten sus testimonios y puedan, llegado el caso, impugnar las determinaciones que dicho tribunal internacional  adopte si consideran que no se ha obtenido verdadera justicia.

PERSONALIDADES QUE SE ADHIEREN A LA DENUNCIA:

• Netzaí Sandoval Ballesteros (Abogado redactor de la denuncia ante la CPI y experto en Derecho Penal Internacional)
• John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM)
• Miguel Badillo (Director de la Revista "Contralinea")
• Rafael Barajas ("El Fisgón", La Jornada)
• Virgilio Caballero (Periodista)
• Edgar Cortés (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia)
• Claudia Cruz Santiago (Directora General del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia)
• Rocío Culebro (Directora, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia)
• Manuel Fuentes Muñiz (Presidente, Asoc. Nac. de Abogados Democráticos ANAD)
• Patricia Galeana (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM)
• José Francisco Gallardo Rodríguez (General Brigadier y Doctor en Administración Pública)
• Olga Harmony  (Decana de la crítica teatral)
• Antonio Helguera (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada)
• Julio Hernández López (Astillero)
• José Hernández (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada)
• Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación)
• David Manrique (Caricaturista,  Contralínea)
• Jesús Robles Maloof (Defensor de los Derechos Humanos)
• Sanjuana Martínez (Periodista)
• Profesor Davir Martínez-Amador M.A. (Universidad Jesuita de Guatemala, experto en narcotráfico)
• José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez")
• Pedro Miguel (Periodista, La Jornada)
• Loretta Ortiz Ahlf (Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana)
• Victor Quintana (Defensor de derechos humanos, Chihuahua)
• Octavio Rodríguez Araujo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM)
• Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM)
• Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor)
• Lauro Sol (Abogado, ex-presidente de la Asoc. Nac. de Abogados Democráticos ANAD)
• Tiaré Scanda (Actriz, estríctamente a título personal)
• Lorenzo Vignal (Embajador)
• William Weaver (Universidad de Texas, El Paso)

Más información a través de:

Blog

http://www.juicioacalderon.blogspot.com/

Twitter

@JuicioaCalderon

@elnetza

Correo electrónico

netzai_san@hotmail.com

Denuncia en Contra de Felipe Calderón y otros, ante la Corte Penal Internacional

CONFERENCIA DE PRENSA

Martes 11 de octubre 10 am Club de Periodistas

(Filomeno Mata #8 Centro Histórico)

• El país atraviesa por una crisis humanitaria de enormes proporciones 
• La errada estrategia militar contra el narcotráfico y la sociedad ha devastado al país entero 
• Es urgente utilizar todas las vías pacíficas y legales a nuestro alcance para detener el derramamiento de sangre 

El martes 11 de octubre, a las 10 a.m. un grupo de abogados, periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil expondremos las razones que serán presentadas en la Haya frente a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar a Felipe Calderón, a sus altos mandos militares y civiles, así como a los narcotraficantes que atacan a nuestra sociedad, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos,  230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y 1,300 jóvenes y niños asesinados.  Existe también una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado.

Esta situación se debe por igual a la acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12% de los delitos son denunciados y el 8% investigados. La falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del ejecutivo federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.

Frente a la imposibilidad de buscar justicia a nivel nacional, en fechas próximas presentaremos ante el Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, la solicitud formal para que se inicie una investigación sobre la situación prevaleciente en México.  Nuestra petición está respaldada por más de 20 mil firmas--autógrafas  y electrónicas-- de ciudadanos mexicanos,  lo que la convierte en la denuncia civil más grande que haya recibido la CPI en su historia.

La petición continúa abierta para recibir nuevas firmas adherentes en http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html El sitio garantiza la identidad de las personas y la no duplicidad de las firmas que respaldan nuestra petición.

Diversas personalidades se han adherido ya a esta petición y en la conferencia de prensa nos acompañarán entre otros:

• Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación)
• John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM)
• Manuel Fuentes Muñiz (Presidente, Asoc. Nac. de Abogados Democráticos (ANAD)
• José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez")
• Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor)
• Loretta Ortiz Ahlf (Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana)
• Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM)
• Miguel Badillo (Director de la Revista "Contralinea")
• Rafael Barajas ("El Fisgón", La Jornada)
• Sergio Méndez Silva (Abogado Defensor de los Derechos Humanos)
• David Manrique (Caricaturista)
• Netzaí Sandoval Ballesteros (Abogado redactor de la denuncia ante la CPI y experto en Derecho Penal Internacional)

Otros firmantes y convocantes:

• Virgilio Caballero (Periodista)
• Julio Hernández López (Astillero, La Jornada)
• Octavio Rodríguez Araujo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM)
• Victor Quintana (Defensor de derechos humanos, Chihuahua)

Para mayores informes y nuevas adhesiones:

Lic. Netzaí Sandoval Ballesteros (04455) 3897-9971, netzai@gmail.com, Twitter: @ElNetza